En Cataluña, la Esquerra temió en los primeros días una dura represión e incluso verse prohibida como partido, dada su abierta rebeldía y haber utilizado las instituciones legales contra la legalidad republicana, en unos sucesos que, aunque de menor violencia que los de Asturias, habían dejado 107 cadáveres en las calles. Pero el gobierno la trató con suavidad, que algunos han contrastado con la dureza de la represión a que se libró el gobierno de Azaña después de la sanjurjada. (1)
El juicio de Companys y sus consejeros empezó el 25 de mayo y se convirtió en una magnífica plataforma política para la oposición. Los inculpados alegaron que antes de octubre habían estado inquietos por las amenazas a la república y a la autonomía catalana. Sin embargo esas amenazas no habían existido, sino que, lo mismo que el peligro fascista, procedían de la propaganda de la izquierda y tenían por fin soliviantar a la población, según se desprende de los hechos examinados en Los orígenes de la guerra civil española; también aludieron los encausados a su preocupación por movimientos de pánico "de esos que se producen frecuentemente en Madrid"; pero aseguraron que había sido el pueblo quien por su cuenta había reaccionado a dichas amenazas. Cuando el conflicto por la ley de cultivos, simplemente "nos encontramos en Cataluña con un movimiento de opinión favorable a lo que nosotros entendíamos", insistieron -aunque dicho conflicto, como se desprende inequívocamente de los testimonios de Dencàs, Hurtado y otros, había sido abultado y utilizado por la Esquerra para crear un ambiente insurreccional.
Preguntado Companys si la huelga de octubre había sido "amparada por elementos que estaban al servicio de la Generalidad, los cuales la fomentaban e imponían en comercios e industrias e incluso en ferrocarriles", respondió que "el sentimiento de la huelga penetró de una manera espontánea en todo el elemento obrero de Cataluña", y si bien admitió que "es posible que la FAI fuera opuesta a la huelga", aclaró que "siempre había tenido noticias de que esa agrupación estaba en combinación con los monárquicos -si bien la CNT-FAI había colaborado con la Esquerra para traer la república, y ambas formaciones se habían apoyado mutuamente durante un tiempo-. El consejero de Justicia, Lluhí opinó así del grave incidente provocado por la Generalitat poco antes del golpe, al negar permiso a los jueces para buscar armas en Cataluña: "nos causó extrañeza la medida, no sólo por la desconfianza que entrañaba, sino por las consecuencias que podía tener", consecuencias que no hubieran podido ser otras que amenazar los preparativos insurreccionales. Según él, habría sido el general de la Guardia Civil quien, "de acuerdo con las normas establecidas al traspasarse estos servicios" había rehusado hacer la indagación. De hecho la Generalitat esquerrista había impedido la búsqueda de armas, no sin poderosas y evidentes razones.
En suma, no había existido rebelión, sino solo la orden defensiva de "rechazar por las armas a todo el que atacase el Palacio de la Generalidad". En tocando este extremo, los interrogatorios tomaron un cariz notablemente cómico. Lluhí, "afirma no saber exactamente si algún consejero dio orden de que se defendiera la Generalidad". Contra quiénes debiera ser defendida tampoco estaba claro, ya que si bien Companys dijo que "tenía noticias de que se iba a declarar" el estado de guerra, Lluhí indicó que la Generalitat se creía en riesgo de ser "atacada por la FAI, pues se temía que quisiera aprovechar las circunstancias para derivar el movimiento hacia su ideología". Al sonar el primer cañonazo deliberó con sus compañeros: "Hablarnos de lo que se había producido, extrañados enormemente de que fuerzas del Ejército vinieran a atacar la Generalidad, sin una previa comunicación y sin estar declarado el estado de guerra. Hubo momentos de gran confusión (...) Yo fui a descansar un rato sobre las cinco".
La extrañeza de los consejeros era tanta, al parecer, que no lograban convencerse de que fuera el ejército el que tenían enfrente. Un miembro del tribunal, no menos extrañado, entabló este diálogo con el consejero Ventura Gassol:
-¿Tenían ustedes algún motivo racional para imaginarse que existían en Barcelona agrupaciones o fuerzas que tuviesen armamento como aquél, (...) que no fuese el Ejército?" (se refería a los cañones).
-Esto no puedo decirlo, porque en absoluto no puede decirse nunca si hay elementos que tienen o no armamento (...)
-¿Contestaron desde la Generalidad a los ataques?
-Lo ignoro, porque no era de mi incumbencia.
-¿Pero usted estaba en la Generalidad?
-Sí estaba; pero no me enteré de los detalles.
-¿No se le ocurrió a ninguno de los miembros de la Generalidad informarse de quiénes eran los que atacaban?
-Yo no puedo responder.
-¿A usted no se le ocurrió?
-A mí no se me ocurrió.
Y así sucesivamente. Los encausados también ignoraban los actos de Dencás, o si se habían repartido armas en la Generalidad, no digamos fuera de ella, pese a la orden de rechazar los fantasmales ataques de la FAI. No salió a la luz ni un dato sobre los preparativos de los meses anteriores. Todo parecía haber sido un triste malentendido.
Los socialistas habían decidido negar, contra toda evidencia, su responsabilidad en el movimiento revolucionario, y aparentemente Companys había tomado la actitud opuesta, reclamando para sí la responsabilidad de lo sucedido. Pero lo sucedido, de creer a los líderes esquerristas, resultaba al final un embrollo realmente extravagante y tan contario a la evidencia y a la lógica como la irresponsabilidad socialista. En realidad, la Esquerra se había declarado "en pie de guerra" a raíz de la victoria electoral del centro derecha en noviembre de 1933 y en el verano de 1934 había utilizado el conflicto sobre la Ley de Contratos de Cultivo para crear entre los catalanes un ambiente apasionado y extremista, había organizado constantes choques y enfrentamientos con el gobierno centrista de Samper, al tiempo que efectuaba preparativos para un levantamiento armado contra la legalidad republicana, aprovechando para ello la cobertura de la Generalidad y el estatuto autonómico. De esto no puede caber duda hoy. Pero, como quedó expuesto en Los orígenes de la guerra civil española, la Esquerra mostró aun mayor opacidad que el PSOE sobre los preparativos y motivaciones de su rebelión, de los que hoy día no sabríamos casi nada si no fuera por escasos, pero concluyentes testimonios*.
Ossorio y Gallardo, defensor de Companys, adujo que los acusados estaban el 6 de octubre "incomunicados virtualmente con el resto de España" -aunque omitió que ellos mismos habían cortado, selectivamente, las comunicaciones-, y "justamente preocupados ante la verosimilitud de un golpe de Estado de tipo fascista" -ninguno creía en realidad en tal supuesto, como indicamos en el libro anterior-. Mientras, las masas se rebelaban "espontáneamente", -las masas no apoyaron la revuelta en ningún momento-, y entonces "el Gobierno de la Generalidad, precisamente por ser Gobierno y ejerciendo una función de Gobierno, inexcusable en tan dramáticas circunstancias, hubo de buscar un cauce jurídico y político (...) para que la alarma y la indignación de enormes masas del pueblo catalán no se mantuvieran en una posición meramente protestativa y negativa (...) sino que aplicasen su exaltación y su fervor a una obra política constructiva". Para abrir ese cauce constructivo redactó Companys "el manifiesto en que se proclamaba el Estado catalán dentro de la República Federal Española". Tales hechos "no son constitutivos de delito", o, de serlo, sólo en relación "con el artículo 167, número primero del Código Penal, ya que se trataba de reemplazar al Gobierno constitucional por otro"; pero los consejeros "ni se alzaron en armas ni hostilizaron al ejército". Procedía por tanto, absolverlos. (2)
* En especial A. Hurtado, que mantuvo negociaciones clave al servicio de la Esquerra, y J. Dencàs, organizador de los preparativos militares. De la discreción de la mayoría de los jefes esquerristas pueden dar idea las memorias, mucho más voluminosas que aclaratorias, de C. Pi Sunyer, alcalde de Barcelona en octubre de 1934: hasta su muerte, en 1971, mantuvo la versión de los acusados ante el tribunal (él mismo entre ellos), y escribe, por ejemplo: "Lo que realmente pasó (en la consejería de Gobernación) es difícil saber1o. Habiendo escapado Dencàs más tarde y no figurando entre los sometidos a proceso, faltan las declaraciones que permitirían averiguarlo". Donde no hay manera de averiguar nada es precisamente en las declaraciones del proceso. Con todo, resulta revelador el sentimiento con que Pi alude a los esfuerzos combativos de los escamots y otros, o al fracaso, que carga, en la línea oficial y con harta injusticia, sobre Dencàs (3)
Un miembro del tribunal, llamado Sbert, sostuvo una tesis que "ha producido gran sensación por su consistencia y por la modernidad de las teorías expuestas", según la prensa de la Esquerra. Sbert recordaba que sólo podían penarse delitos tipificados, como el intento de cambio de gobierno. Ahora bien, la Esquerra había intentado en realidad un cambio de estado, cosa muy diferente y no contemplada en la ley, siendo por tanto un acto "político y legítimo", sin castigo posible. (4)
Así como respecto de Asturias la campaña se centró en la represión, en Cataluña identificó el espíritu y los intereses catalanes con los presos, y en especial con Companys. "En el banquillo de los acusados, siete hombres de Cataluña. Y en torno al estrado y al banquillo (...) y fuera, el pueblo. Este será el hecho más trascendente desde el 14 de abril", escribía el 6 de enero La ciutat, diario reemplazante del suspendido L 'Humanitat. "Lluis Companys, el Presidente de la Generalidad, es el primer luchador de Cataluña" . "Companys y Cataluña. Gómez Hidalgo ha establecido la magnífica ecuación. Companys y Cataluña se encontraron juntos el 6 de octubre. Y no se separarán más". "Companys es Cataluña. Cataluña es Companys", insistían los más variados textos propagandísticos. Se promovieron textos como un libro cuyo titulo, Companys-Cataluña, lo decía todo. En su prólogo, el escritor Azorín describía así a los procesados: "Estos hombres son afectuosos, llanos e inteligentes. Han procedido con lealtad y rectitud en el gobierno de su nación. Lo han sacrificado todo por el pueblo (...) Sus pensamientos abarcan a todos los núcleos peninsulares (...) ¡Por Cataluña y por todas los pueblos de España (...) en el acervo de libertad, de justicia y de progreso!". Companys era retratado, en Madrid y en Barcelona como "un hombre de gobierno", y exaltado sentimentalmente como persona que lo había "tenido todo", para caer en inmerecida desgracia. (5)
Los siete procesados fueron condenados a treinta años de prisión, como Sanjurjo, y como él iban a salir pronto en libertad, cumpliéndose el dicho de Cambó, "España es el país de las amnistías". El 6 de junio L´Humanitat, acogía la sentencia "con lágrimas en los ojos" y un titular a toda plana: "TREINTA AÑOS DE PRESIDIO ¡VIVA CATALUÑA!", acompañado de unas frases de Companys: "El veredicto que nos importa es el que pronuncie en su conciencia íntima el pueblo (...) Ya que nuestros defensores han hablado del juicio de la Historia, declaramos que esperamos tranquilos su veredicto definitivo, con orgullo en el corazón y conciencia limpia". En cierto sentido, el pueblo ya había pronunciado su fallo al desoír los llamamientos de Companys aquel 6 de octubre, a consecuencia de lo cual se había visto el líder ante los jueces. Pero la Esquerra, con agudo instinto propagandístico, no tuvo el fallo por inapelable.
A Largo Caballero le sonrió la suerte. Se limitó a negar toda participación o relación con el alzamiento. Al parecer no había pruebas de la evidencia, por así decir, y los magistrados lo absolvieron. Santiago Carrillo y los demás dirigentes socialistas aprovecharon para pedir a su turno la absolución, sobre las mismas bases, pero continuaron en espera de juicio hasta que el Frente Popular los liberó unos meses después. En resumidas cuentas, y dada la magnitud de la revuelta, probablemente en ningún otro país europeo se hubiera aplicado una represión menor .
Otro aspecto de la represión lo refleja el informe leído en el Comité Nacional del PSOE el 16 de diciembre de 1935, que en el apartado de "Perseguidos" señala el éxito de la tarea de "atender y auxiliar a los perseguidos para ponerlos fuera del alcance de la justicia": De ese modo "más de 400 compañeros" fueron puestos al otro lado de la frontera. La atención policial a estas fugas casi masivas debió de ser muy escasa, porque se realizaron "sin tener que lamentar un solo tropiezo". (6)
Gil-Robles había propugnado un castigo "rápido y ejemplar" de los líderes y cierta clemencia para los secuaces, pero Alcalá-Zamora había impedido lo primero. Tres penas capitales se cumplieron, ninguna en dirigentes. Quizá este fracaso de la CEDA redundó en un mayor rigor con los militantes, a fin de obstaculizar en lo posible su reorganización para una nueva y anunciada intentona. Fueron detenidas 30.000, 40.000, 70.000 y hasta 150.000 personas, según la propaganda. La cifra más aireada fue la primera, imposible de confirmar por haber desaparecido los registros. Más probable parece la de 15.000*, la mayoría de los cuales quedaron libres antes de cuatro o cinco meses; pese a ello debieron de seguir entre rejas varios millares durante todo el año 1935. "Las detenciones -como siempre que se producen estos fenómenos de gran envergadura- se hicieron un poco a boleo y con un criterio poco fijo", señala Josep Pla.
*Tuñón de Lara en La república, opina que los 30.000 incluyen a los presos comunes preexistentes, que él estima en 9.000. Pero difícilmente bajarían de los 13.000 que había en 1933. (7)
Esta política facilitaba el motivo para una incesante protesta de las izquierdas, y el gobierno, y en especial la CEDA a la que apuntaban todos los dardos, tenía ante sí un arduo dilema, y cualquier cosa que hiciera tendría las mayores probabilidades de salir mal. Portela Valladares, que a finales de año encabezaría el gobierno, expulsando de él a la CEDA, explica: "Más de una vez dije en el Consejo de Ministros: los tribunales militares deben hacer rápida justicia (...) Ocho meses de constantes consejos de guerra (...) concluirán por sublevar la conciencia española. Me contestaron que se aplicaba la ley y que las tardanzas eran garantía para el buen ajuste de la justicia (...) Este criterio formalista y riguroso había dado fin a don Antonio Maura y acabaría ahora con Gil Robles-Lerroux" (8).
El 25 de mayo resurgía Azaña a la vida pública con un mitin en Valencia, ante 80.000 izquierdistas, y coreaba las acusaciones genéricas sobre la represión: ¿Vosotros concebís una política de conservación social que consista en lanzar a la mitad de la población contra la otra mitad?" Afirmó que el gobierno usaba el "movimiento insurreccional popular", como pretexto para "perseguir a la gente (no) por lo que ha hecho, sino por lo que piensa, y se ha desatado una persecución política sin ejemplo en España desde los días terribles del régimen de la dictadura fernandina". A su entender, la pasada rebelión era un "signo del estado de la opinión pública", y ese signo valía "por lo menos tanto como la elección a los 15 vocales del Tribunal de Garantías", elección que, como se recordará, había originado la pérdida del poder por Azaña, en septiembre de 1933, junto con otras votaciones también perdidas después de la matanza de Casas Viejas (9). Equiparar unas elecciones con una insurrección (mucho menos popular de lo que Azaña decía), solo podía aumentar el nerviosismo de una derecha a cada paso más frustrada.
No mayor fundamento tenía la indignación de Azaña por la represión gubernamental, pues las represiones del gobierno azañista en el primer bienio habían tenido, comparativamente, mayor dureza y envergadura. Cuando el alzamiento ácrata de 1932 (con 30 muertos, frente a los 1.300 de octubre) había habido cientos de detenciones, denuncias de torturas, y 104 jefes anarquistas deportados a las colonias africanas. Otros cientos de detenciones habían seguido al golpe de Sanjurjo (10 muertos), así como nuevas deportaciones sin juicio, incautación de tierras de aristócratas, en su mayoría ajenos a la sanjurjada", y cierre en masa y sin acusación de la prensa de derechas. Otro levantamiento ácrata en enero de 1933 (80 muertos) había dado lugar, entre otras cosas, a los asesinatos de Casas Viejas por la fuerza pública.
Pese a todas sus contradicciones, exageraciones y abiertas falsedades, la campaña sobre la represión gubernamental y los juicios a los jefes rebeldes dividió a los vencedores de octubre y los colocó a la defensiva. Tienen algo de fascinante el éxito de la campaña y la incapacidad del gobierno para hacerle frente, y por ello puede considerarse aquella como un modelo en su género, muy digno de estudio desde la teoría de la propaganda y la sociología política.
Pero su importancia aun fue mayor como el fenómeno más significativo y trascendental del período posrevolucionario. La campaña desplazó a un segundo y borroso término la cuestión clave de las causas y organización del alzamiento, se convirtió en eje de la política izquierdista hasta las elecciones de febrero de 1936, influyó decisivamente en la alianza de partidos en el Frente Popular y en el acercamiento a éste por parte de la CNT; y consiguió crear en las masas el ambiente irreconciliable y belicoso que no había logrado la propaganda previa a la insurrección de octubre.
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Notas
1.- E. Angulo, Diez horas de Estat Catalá, Valencia, 1934, p. 192
2.- A. Prats, El gobierno de la Generalidad en el banquillo, Madrid, 1935, La publicitat, 26 de mayo de 1935
3.- C. Pi Sunyer, Memorias de un político catalán. La República y la guerra, México, Oasis, 1975, pp. 255 y ss
4.- La publicitat, 5 de junio de 1935
5.- L´humanitat, 26 y ss de mayo de 1935. J. Miravitlles, Crítica del 6 d'octubre, Barcelona, Hacer, 1935, p.177-9
6.- Fundación Pablo Iglesias, AH-II-I
7.- M. Tuñón de Lara, La II República, Madrid, siglo XXI, 1976, p. 108. R. Salas, Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta, 1977, p. 126
8.- J. Pla, Historia de la Segunda República Española, II, Barcelona, Destino, 1941, p. 312. M. Portela, Memorias, p. 157
9.- L´humanitat y La publicitat, 28 de mayo de 1935
http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/352
Tras la aprobación en Cataluña del Estatuto, el PP ha demandado varias opciones: Que se tramite como lo que es, una reforma constitucional, lo que requiere una mayoría de dos tercios. Si se hace como reforma estatutaria, que se le otorguen las mismas posibilidades de éxito que al Plan Ibarretxe: nulas. De no ser así, Ángel Acebes consideró que deberían convocarse elecciones generales para que los españoles puedan pronunciarse sobre el "proceso de separación territorial". Para De la Vega nada de ello es necesario porque estamos ante "un proceso de normalidad democrática" que se puede pulir con "retoques". 
En el debate parlamentario de ayer en la cámara catalana, hay una circunstancia que nadie ha destacado, y que a mí me parece la más reveladora. De hecho, Maragall tan solo dice "Uds. tienen un problema, y ese problema se llama 3 %". Lo dice dirigiéndose a CiU. No dice nada más. Pero, oh milagro, todo el mundo lo entiende. En Cataluña nunca pasa nada, pero cuando el President lanza un mensaje que, desde una presunción de honestidad generalizada de la clase política, no tiene un sentido evidente, resulta que todos, parlamentarios, periodistas y ciudadanos de la fiel infantería, todos entienden con diáfana claridad que la traducción literal es "CiU cobraba un 3 % de comisión sobre el importe de todas las obras públicas de Cataluña". O sea, que aquí nunca pasa nada, pero todos sabemos lo que pasa.
El día 27 de noviembre manifestación en Valencia en defensa de la lengua valenciana y para rechazar la "intromisión de Cataluña". 
Este fin de semana hemos asistido, con ocasión de la Diada en